Cuando en 2003[1] los legisladores españoles introdujeron por primera vez la obligación de realizar un informe de gobierno corporativo, seguramente pensaron que su maduración iba a ser más rápida. Sin embargo, tras más de una década, su contenido sigue teniendo una utilidad limitada.
El cumplimiento de las reglas de buen gobierno en la UE, a diferencia de los Estados Unidos, se rigen mediante el denominado principio de “cumplir o explicar”.
Introducido en 1999 por Sir Adrian Cadbury en el primer código de buen gobierno británico, impulsa mejoras sin tener que prescribir el cumplimiento de una práctica determinada en materia tan diversa como la organización empresarial. Una figura del “derecho indicativo” raramente utilizada en otros ámbitos normativos y que permite que una determinada recomendación no se aplique, si se argumenta.
Adecuadamente utilizado, el principio de cumplir o explicar facilita el acomodo de formas de gobierno diversas al mismo tiempo que se respetan los valores que se pretenden. Sin embargo utilizado con un propósito de cumplimiento administrativo, tiene escaso interés desde el punto de vista de rendición de cuentas y nulo si se pretende aportar información al inversor para tomar decisiones.
Este es el caso, salvo excepciones, de los informes de gobierno corporativo que con carácter obligado se registran en la CNMV. Un requerimiento, que por otra parte solo es mandatorio en media docena de países de la UE[2]. Su encorsetada estructura dice poco del verdadero funcionamiento del gobierno de las compañías y lejos de considerarse un instrumento de rendición de cuentas, muchas voces apuntan a que nos encontramos ante un limitante principal para la aplicación efectiva de los principios de Código de Buen Gobierno.
Quizás el ejemplo más evidente de esta práctica inadecuada en la que se han caído nuestros anestesiados informes, se observa en el apartado relativo a la gestión de los riesgos de negocio.
La decisión del Reino Unido de abandonar la UE costó a las empresas españolas 65.000 millones de Euros de su cotización en las dos sesiones posteriores. Aunque la celebración del referéndum se había aprobado un año antes, ninguna de las compañías del IBEX incluyó esta circunstancia como parte de los riesgos principales que debían ser indicados en el apartado E de su informe anual de gobierno corporativo.
La información sobre el funcionamiento de los órganos de gobierno es una parte principal de la construcción de relaciones de confianza con los inversores. La salud del gobierno de las compañías es la información de mayor calidad de que disponen los inversores para ver más allá de los estados financieros.
Las compañías que llevan las luces cortas emiten señales muy claras para los inversores de corto plazo. Las distinguen fácilmente porque emplean sus esfuerzos principales en explicar cómo van a pagar la gasolina del coche este año en lugar de convencer sobre las ventajas de la dirección a la que se dirige o la forma en la que se toman decisiones.
La buena gobernanza es la primera oportunidad real de crear valor de largo plazo que tienen los Consejeros, además de una obligación de lealtad que va implícita en sus responsabilidades. Defender el buen funcionamiento comienza con la calidad del trabajo de sus miembros, el buen funcionamiento de las reuniones y pero también con la transparencia. Una conversación abierta y honesta sobre la forma en la que se toman las decisiones, los objetivos, el desempeño y cómo este es remunerado.
En el último mes la CNMV ha publicado una interesante guía que trata de impulsar mejoras en este sentido. Derivada de las recomendaciones de la Comisión Europea desea mejorar la aplicación del principio cumplir o explicar en los actuales informes de gobierno corporativo. Trata de evitar el uso perverso que premiaba al que se declaraba cumplidor no teniendo que ofrecer explicación alguna, independientemente de lo indulgente que fuera consigo mismo al juzgar su cumplimiento.
Esperemos que no llegue demasiado tarde ya que, según datos de la CNMV, tan solo un año después de su publicación, el 82% de las compañías cotizadas se han declarado ya fervientes cumplidoras del nuevo código de buen gobierno.
[1] Ley 26/2003 de 17 de julio
[2] Estonia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal, Eslovaquia y España.
Autor: Jose Luis Blasco es socio responsable de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de KPMG en España
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