La labor de la inspección de trabajo ha experimentado un incremento significativo como consecuencia de las decisiones laborales que han adoptado las compañías durante la pandemia, que han provocado un gran impacto en la situación de las empresas y los trabajadores. El número y alcance de estas medidas han dado lugar a un nuevo escenario sociolaboral, que plantea diversos retos fundamentalmente en materia de adaptación y adecuación a la normativa que ha ido surgiendo desde el inicio de la crisis sanitaria.
Ante este contexto de complejidad, lo cierto es que el derecho del trabajo ha demostrado tanto su versatilidad en el ámbito de la inspección como su estabilidad en los objetivos marcados a la hora de afrontar una crisis social y económica sin precedentes. “Si con la reforma laboral del 2012 el papel de las autoridades laborales decayó notablemente en situaciones de crisis, esta pandemia, fundamentalmente con los ERTE, ha hecho que recobren un papel decisivo”, constató Álvaro Rodríguez de la Calle, director en el área laboral de KPMG Abogados.
Una reflexión que compartió en el Congreso Laboral 2021 organizado por Lefebvre en la mesa ‘La revisión por parte de la Inspección de Trabajo de las decisiones laborales adoptadas durante la pandemia: análisis práctico’. Asimismo, al tiempo que la inspección del trabajo ha ido adquiriendo paulatinamente un mayor protagonismo, como sostuvo Antonio Sempere, magistrado del Tribunal Supremo, “con la reforma laboral en ciernes todo hace pensar que también en los temas de temporalidad y delimitación del contrato de trabajo la inspección puede seguir siendo sumamente relevante”.
Como subrayó el director del área laboral de KPMG Abogados: “la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) siempre ha permanecido activa y su normativa reguladora ha mostrado su plena versatilidad para afrontar las correcciones que resulten precisas en los casos de transgresiones de las normas de orden social”. De este modo, junto al control que se le atribuye sobre el cumplimiento de las condiciones de los ERTE, se suman las actuaciones en materias que han emergido en torno a dicha situación, tales como el teletrabajo o las tradicionales de la ITSS en materia de jornada, contratos de trabajo, prevención de riesgos laborales y, sobre todo, cotización a la Seguridad Social.
Como recordó Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, en el año 2020 se publicaron más de 209 normas extraordinarias, más de 39 reales decretos, 171 resoluciones y 113 órdenes ministeriales. Por consecuencia, se trasladaron cambios organizativos de relevancia que están teniendo hoy en día un gran impacto en los centros de trabajo, lo que ha obligado a que las compañías se adapten a una normativa en constante cambio en materia de salud y prevención de riesgos laborales.
De acuerdo con los distintos Decretos Ley que se sucedieron fundamentalmente a lo largo de 2020, “el último de los decretos leyes de la prórroga de los ERTE contiene disposiciones específicas, la comprobación del mantenimiento del empleo y, a su vez, establece mecanismos de coordinación con otros organismos y entidades de la Administración”, explicó Álvaro Rodríguez de la Calle.
De igual modo, los expertos de la mesa coincidieron en que la crisis ha hecho emerger nuevos aspectos y tendencias latentes que previamente no se tomaban en consideración. Un ejemplo de ello es la implantación del teletrabajo, pues como detalló la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, antes de la COVID-19 el grado de implantación del trabajo en remoto se situaba en un 5%, mientras que a partir de la declaración del estado de alarma se incrementó hasta en un 36%.
En esta línea, como destacó Álvaro Rodríguez de la Calle, el auge del teletrabajo ha dado contenido efectivo en las relaciones laborales a las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, lo que pone de relevancia el derecho a la intimidad del trabajador en el uso de dispositivos móviles.
La posibilidad de que la inspección de trabajo realice inspecciones automatizadas, esto es, mediante sistemas informáticos, fue otro de los aspectos destacados en el encuentro. En este sentido, Ana Ercoreca reflejó la importancia de asegurar que dicho proceso permanezca “controlado, dirigido y vigilado”, tanto por el principio de legalidad, proporcionalidad y tipicidad, así como para salvaguardar los derechos de las empresas y los trabajadores. Sin olvidar así la necesaria intervención humana, pues según la normativa la competencia sancionadora deberá recaer en los inspectores y subinspectores.
Una realidad también compartida por Carlos de la Torre, vicepresidente de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales (ADiReLab), que reconoce la utilidad de los algoritmos en relación con la inspección de trabajo, especialmente como elementos de “eficacia exponencial para controlar el fraude laboral y la oferta de empleo público artificial”. Sin embargo, insiste en la necesidad de vigilar los posibles sesgos a la hora de abrir un procedimiento de investigación para asegurar así todas las garantías sobre el cumplimiento íntegro de la labor inspectora.
Sin duda, la actuación de la inspección de trabajo ha experimentado un elevado incremento en su actividad como resultado de los efectos derivados de la COVID-19 en el entorno laboral entre las empresas y los trabajadores. En este sentido, el derecho del trabajo se ha convertido en el “primer muro de contención frente a la crisis económica y social”, como reflejó Álvaro Rodríguez. Sin embargo, la labor de la inspección de trabajo deberá acometer distintos desafíos ante el surgimiento de esta nueva realidad, tales como garantizar la adecuación de las relaciones laborales de este nuevo entorno y la consiguiente aprobación de la reforma laboral, que se prevé antes de final de año. Ante este escenario, la labor de la inspección de trabajo deberá continuar actualizándose ante los nuevos retos y desafíos que se sucederán en el plano laboral.
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