Al drama humanitario que está suponiendo la invasión de Ucrania por parte de Rusia se suma un importante impacto en términos económicos, propio de una economía global como la actual. La reacción de parte de la comunidad internacional en forma de sanciones -y de contrasanciones por el Gobierno ruso-, se unen a efectos en aspectos tan críticos como la energía o la cadena de suministro. Un escenario que ha dibujado un futuro complejo para las empresas. Pero ante el que la capacidad de reacción y adaptación serán fundamentales.
“La globalización de la economía, unida a la fuerte respuesta por parte de la comunidad internacional, ha desembocado en una nueva situación en términos geopolíticos, que no solo va a impactar en las economías rusa y ucraniana, sino en la de todo el mundo, como ya estamos viendo. Nos encontramos ante una nueva disrupción en un entorno que parecía encaminado a la recuperación”, explica Pablo Bernad, socio responsable de Mercados y Consulting Corporates de KPMG en España. “Es importante que las empresas analicen cómo va a impactar en su operativa y estrategia esta nueva situación, para que puedan adoptar medidas a tiempo”, sostiene.
El hecho de que casi el 40% de las importaciones energéticas europeas proceden de Rusia está siendo una de las grandes preocupaciones en Europa, con la subida del precio del gas y del petróleo en un contexto previo de inflación elevada. Pese a esta fuerte dependencia, la Unión Europea ha aprobado unas sanciones contundentes, tanto sobre personas y entidades rusas como financieras y sectoriales.
“Cumplir con las sanciones y adoptar medidas de contención ante los posibles impactos económicos de este conflicto, junto con la necesidad de aportar en la medida posible para paliar la crisis humanitaria son los tres pilares sobre los que las compañías deben poner el foco a corto plazo. Aunque sin dejar de lado el análisis estratégico y el replanteamiento del mapa de riesgos a medio y largo plazo”, afirma Pablo Bernad.
La escalada de tensiones del conflicto de Ucrania ha provocado numerosas pérdidas humanas, heridos y desplazamientos masivos de población civil. La primera respuesta por parte de las empresas ha sido aportar apoyo, en la medida de sus posibilidades, a través de las medidas puestas en marcha para ayudar a la población ucraniana. Desde donaciones que permitan reforzar la ayuda humanitaria y sanitaria hasta la promoción de acciones con organizaciones especializadas en la acogida de personas refugiadas.
Como publica la guía del Pacto Mundial de Naciones Unidas y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, las compañías pueden contribuir apoyando a las organizaciones y participando en la promoción conjunta de proyectos específicos. Otras posibilidades comprenden la contribución financiera o la provisión de bienes o servicios para la asistencia y protección de la población ucraniana.
Las sanciones impuestas a Rusia, que se han ido tornando más contundentes conforme avanzaba el conflicto de Ucrania, tienen unas implicaciones relevantes a nivel legislativo para las compañías, que deben garantizar su cumplimiento al tiempo que analizan sus obligaciones contractuales. Entre las sanciones aprobadas se encuentra la inmovilización de fondos y recursos económicos de determinadas personas y entidades rusas, las restricciones a exportaciones de determinados productos -entre ellos, artículos de lujo- y tecnología de doble uso, la prohibición de suministrar financiación o asistencia financiera públicas para el comercio o inversiones en Rusia, etc.
En este contexto, es importante que las compañías analicen en primer lugar sus obligaciones contractuales, estableciendo un mapa de riesgos sobre los contratos vigentes y las negociaciones en curso que puedan ser incumplidas. Y es que las sanciones pueden conllevar el incumplimiento de determinados compromisos, por lo que la previsión y reconfiguración son fundamentales de cara a evitar o mitigar posibles conflictos judiciales.
Merecen especial atención los contratos vinculados con proveedores o suministros, o los que incluyan una fecha concreta de cumplimiento. Además, es preciso analizar qué normativa aplica a cada situación identificada en el mapa de riesgos, identificando si los seguros contratados disponen de alguna cobertura específica.
Sin duda, dado el nivel de interconexión y digitalización global, la ciberseguridad se ha erigido como una de las principales preocupaciones del actual entorno geopolítico. Desde el estallido del conflicto de Ucrania, se teme que pueda escalar al ciberespacio e incluso afectar a infraestructuras críticas. Lo cierto es que en la actualidad las amenazas superan cualquier frontera.
Como consecuencia, si la ciberseguridad ya era una prioridad estratégica de las compañías, ahora es crucial reforzar las medidas de identificación y detección de posibles amenazas. De hecho, el Centro Nacional de Seguridad Cibernética (NSCS) ha solicitado a las organizaciones que refuercen sus defensas para reducir posibles riesgos.
Desde verificar el sistema de seguridad, los controles de acceso, la monitorización y revisión de copias de seguridad hasta la validación de la respuesta ante incidentes y la sensibilización a todos los empleados, las compañías deben asegurar sus procesos de ciberseguridad. Y una posible medida para mejorar esta protección pasa por la ejecución de ejercicios de simulación de ciberataques, que permiten detectar posibles debilidades y poner a prueba la capacidad de respuesta.
En términos generales, la principal recomendación a las organizaciones es adoptar un estado de alerta elevado, priorizando la seguridad cibernética, reconfigurando sus defensas y aumentando la vigilancia. Especialmente ante posibles ataques ransomware, la circulación de virus troyanos wiper -con capacidad de borrar todo el contenido de los equipos-, malware e incluso protección ante grupos organizados.
Las cadenas de suministro, que ya afrontaron una importante crisis a finales de año, han recibido una nueva disrupción con el estallido del conflicto de Ucrania. El impacto más claro, procedente del retraso en el suministro de metales básicos como el níquel, el aluminio o el paladio, repercute especialmente en el sector industrial.
Sumado al retraso de los suministros, las cadenas de abastecimiento pueden verse doblemente tensionadas ante la escasez de determinados componentes críticos importados de la región, así como de la disrupción operativa latente en los puertos del Mar Negro. Especialmente relevante es la atención a los empleados rusos y ucranianos que se encuentren tanto dentro como fuera de ambos países.
Es por ello que las empresas deben analizar la exposición de su cadena de suministro al conflicto de Ucrania y las sanciones, involucrando tanto a proveedores como a clientes. También es crucial revisar los planes de contingencia, adaptando las operaciones relacionadas con las áreas de planificación, logística, almacenaje y distribución.
Ante esta coyuntura, trazar estrategias comunes con proveedores de transporte y logística representa un punto crucial para crear sinergias y buscar estrategias comunes. Las compañías necesitan revisar conjuntamente y determinar los niveles de stock adecuados, optimizando los recursos existentes para encarar la incertidumbre ante la escasez y los retrasos de los componentes más críticos.
El conflicto de Ucrania ha propiciado un aumento significativo de los precios de la energía en los mercados internacionales, especialmente del gas y de la electricidad, como consecuencia de la elevada dependencia energética de la Unión Europea con Rusia. Una situación que se ha visto agravada por el corte de suministros no energéticos debido a multitud de cierres y alteraciones de producción de proveedores, que se encuentran también afectados por los precios de la energía.
Por ende, especialmente afectadas se están viendo las industrias electrointensivas o abastecidas por gas natural, así como el sector de transporte por el aumento del precio de la gasolina y el diésel. Al respecto, la Unión Europea está valorando alternativas plausibles al mercado ruso, así como posibles cambios en la hoja de ruta marcada en política energética.
Este escenario tan complejo implica la búsqueda e implementación de soluciones de rápido retorno que mejoren el coste energético de las organizaciones. En el caso de los grandes consumidores es fundamental entender el funcionamiento del mercado y revisar la estrategia de gestión de energía, optimizándola adecuadamente para cubrir las necesidades globales.
Así las cosas, la primera de las recomendaciones para las empresas pasa por un primer análisis de la situación y las tendencias que se suceden en el sector energético, lo que ayudará al entendimiento de las complejidades que se suceden en el entorno. De este punto de partida, se podrá trazar un análisis más exhaustivo sobre posibles riesgos, oportunidades e inconvenientes ante la modificación de la estrategia de gestión energética.
Las principales oportunidades emergen de la optimización de la gestión energética, con foco en factores como la eficiencia de consumo, el desarrollo del autoconsumo, tanto individual como colectivo, las oportunidades de uso de los sistemas de almacenamiento o la hibridación de tecnologías, entre otras cuestiones.
La incertidumbre geopolítica y el incremento de la inflación están teniendo un impacto significativo en los mercados financieros. Esta situación podría desembocar en un incremento de los costes de la financiación, agravada por la posibilidad de que los bancos centrales comiencen a retirar los estímulos como medida de contención del incremento de la inflación.
Ante el aumento continuado de las tasas de inflación, los mercados podrían vivir una situación de volatilidad continuada a lo largo del conflicto de Ucrania y posteriormente si los niveles de inflación continúan prolongándose, con inversores optando por alternativas más seguras o prefiriendo posponer algunas transacciones.
Asimismo, en lo referente a los flujos financieros, a pesar de que España tiene una baja exposición comercial y energética a Rusia, las compañías pueden verse afectadas por las sanciones financieras impuestas por la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos. La dificultad de cobro mediante transferencia, la prohibición rusa de sacar divisas fuera del país o la fuerte depreciación del rublo son algunos de los efectos más relevantes que ha provocado el bloqueo del sistema SWIFT para Rusia.
Ante esta situación, las compañías deben tomar medidas dirigidas a mitigar esta volatilidad del entorno, así como analizar las posibles alternativas para recibir los cobros debidos.
Las empresas con joint ventures o inversiones significativas en Rusia que forman parte de su balance también deberán realizar un análisis sobre el impacto del conflicto de Ucrania y las sanciones. Y es que, incluso tras haber adoptado una decisión estratégica, es previsible que surjan dificultades adicionales que dificulten hacerla efectiva.
Adicionalmente, muchas estrategias de fondos de mercados emergentes y europeos podrían verse forzadas a desinvertir en todos los activos relacionados con Rusia si los valores rusos son definitivamente eliminados de los índices bursátiles de referencia, como el FTSE Russell, MSCI y S&P Dow Jones. Y es que las sanciones impuestas a Rusia afectarán la posibilidad de invertir capital ruso en España, reduciendo la demanda por parte de este país y la paralización de inversiones. Sin olvidar que el apetito por el riesgo de los bancos se ha visto afectado por el aumento de las vulnerabilidades asociadas a los delitos financieros con criptoactivos.
En definitiva, se ha dibujado en cuestión de semanas un nuevo entorno geopolítico, marcado en primer lugar por el impacto social y humanitario, y en segundo por consecuencias económicas que afectan al contexto de recuperación. Y es en momentos de disrupción como este cuando el análisis y la previsión -que permiten tomar decisiones para garantizar la continuidad de negocio a corto plazo- deben ir acompañados de una visión estratégica de medio y largo plazo.
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