El año 2021 acabó bien para los bancos españoles. Nuestra economía mantenía su paulatina recuperación y el final del ejercicio reflejaba un panorama general de solvencia, liquidez, mejora de la calidad de los activos en balance, adecuados niveles de provisión e, incluso, una clara mejora de la rentabilidad. Una de las mejores noticias fue que, a pesar del volumen del crédito y las moratorias concedidas a familias y empresas, no se había producido el temido incremento de la morosidad.
El panorama a medio plazo era, pues, optimista, con la triple expectativa de una aceleración en nuestra recuperación, el efecto de los fondos europeos y el probable inicio de una normalización progresiva de la política monetaria, como respuesta de los bancos centrales a una inflación que registraba ya niveles elevados incluso antes de la invasión rusa de Ucrania.
La guerra, que trajo consecuencias terribles en términos de vidas humanas, ha tenido también graves consecuencias económicas que son conocidas por todos. Al agravamiento de factores que ya amenazaban la recuperación de la economía como la inflación o la crisis en las cadenas de suministro se ha añadido la incertidumbre global, la extremada volatilidad en los mercados, o el incremento del gasto militar.
Como consecuencia de la elevada y continuada subida de precios, el pronóstico de una corrección de las políticas monetarias se está cumpliendo ya, y de forma acelerada, con decisiones de subidas de tipos ya adoptadas por la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra y las anunciadas por parte de la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Se anuncia que, a la vuelta del verano, los tipos en la Eurozona volverán a tener signo positivo después de muchos años.
Sin embargo, los efectos directos del conflicto para el sector financiero español han sido menores que para otros grandes bancos europeos. Su exposición a las economías de Ucrania y Rusia es muy limitada, por lo que su preocupación se centra en los efectos que la situación tendrá para la economía global y la española.
Hasta el momento, los resultados del primer trimestre arrojan un balance positivo. Los bancos mantienen una rentabilidad elevada, incluso en un contexto tan incierto, y conservan las palancas de crecimiento sano ya observadas en el 2021, incluida la calidad en el balance, con la temida morosidad aún sin hacer acto de presencia. Ello nos lleva a ser optimistas para lo que queda de año.
No obstante, lo anterior no quiere decir que se encuentren libres de riesgos y que el contexto no sea exigente para todos ellos, tal y como se analizó en el webinar ‘Las empresas ante el escenario inflacionista: el impacto en la financiación’, organizado por KPMG. El primer riesgo tiene que ver con el impacto de la prolongación del conflicto en la economía española, especialmente en términos de inflación, que en el mes de marzo alcanzó el 9,8%, su nivel más alto desde 1985.
Las familias, favorecidas por las medidas que se han adoptado, y por los elevados niveles de ahorro que se observaron durante la pandemia, mantienen una considerable fortaleza, lo que permite pensar que, a pesar de la inflación, y con todas las dificultades, mantendrán la suficiente capacidad de consumo y de pago, como ha ocurrido hasta ahora. Sin embargo, la mayor amenaza para ellas tendría que ver con un deterioro del empleo asociado a las dificultades de las empresas. La clave serán ellas.
Si pensamos en las empresas españolas, el panorama es muy diverso, no sólo en términos de tamaño y situación financiera, sino también porque los efectos de esta situación afectan de forma asimétrica a empresas y sectores. De este modo, aquellas empresas que sean capaces de atemperar el efecto de la inflación de sus costes y, por otro lado, puedan trasladar esos mayores costes a sus clientes, protegiendo sus márgenes y su rentabilidad, podrán superar esta situación con cierta holgura, mientras que las que no puedan hacerlo, afrontarán un año difícil, y terminarán teniendo fuertes necesidades de financiación.
En principio, y dada la situación de fortaleza de los bancos, el acceso a la financiación no será un problema pero, sin duda, su coste se elevará, especialmente después del verano. Y aquí surge la mayor amenaza para el conjunto de la economía española y, por supuesto también para los bancos españoles: los efectos de las medidas que adopte el BCE, su calendario y el modo en que se implementen.
El riesgo de fragmentación financiera en la Eurozona, que ya conocimos en la crisis anterior, existe ya (de hecho, empieza a ser visible en el caso italiano), y necesitamos que la Comisión Europea y el BCE sean capaces de realizar la transición a la nueva política fiscal y la monetaria de modo que no comprometa la recuperación de las economías europeas.
Mientras tanto, debemos prepararnos para un escenario muy distinto al de los últimos años. Los bancos y sus clientes deben trabajar desde ahora y de forma conjunta en diseñar la mejor estrategia para superar un momento que puede ser complejo. La buena noticia es que, al igual que en la pandemia, los bancos serán parte activa de la solución, y no el problema.
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