Estos seis últimos meses han sido de una actividad constante en el ámbito de los fondos europeos. Especialmente en el ámbito de los PERTEs, con el anuncio de once nuevos proyectos estratégicos, de los que ya se han abierto siete convocatorias.
En esta particular enumeración estaría, entre otros, el PERTE Agroalimentario (con una dotación de 1.800 millones de euros), el que ‘habla’ de la Nueva Economía de la Lengua (1.100 millones), el relativo a la Industria Naval (1.460 millones), el conocido sobre el Vehículo Eléctrico y Conectado (2.975 millones) o el ambicioso PERTE de Microelectrónica y Semiconductores (12.250 millones). De los 11 PERTEs diseñados por el Ejecutivo, se han lanzado siete.
Aunque existen más cifras trascendentes. A finales de junio, Bruselas aprobó el pago de otros 12.000 millones de euros a España y, además, debido a que los nuevos cálculos demuestran que la economía sufrió más en la pandemia de 2020 y 2021 de lo que inicialmente se había estimado, recibirá 7.720 millones añadidos en subvenciones del Fondo de Recuperación. Es lo que se denomina “adenda”. Y España parece conducir con una marcha más larga. “En las licitaciones públicas hemos visto cómo el país ha acelerado en la resolución. Si entre 2020 y 2021 se resolvieron 962 millones, solo durante los seis primeros meses del año esta cifra se ha multiplicado por seis. De hecho, se licitaron más de 6.200 millones”, destaca María José Menduiña, senior manager del equipo de Fondos Europeos de KPMG en España.
Todo esto conduce a un nuevo cálculo del dinero que recibirá España desde Europa. “La suma total, a disposición del país, será de 77.230 millones de euros frente a los 69.510 millones previstos inicialmente. Eso sí, esos 7.720 millones están condicionados a la consecución de determinados hitos y objetivos. O sea, reformas e inversiones”, describe María Canal Fontcuberta, consejera económica de la representación de la Comisión Europea en España. ¿En qué consisten? Sobre todo, en acelerar la transición energética y fomentar la economía circular (incluida el agua). Sin embargo, la situación geopolítica también ha impulsado otras prioridades como las establecidas en el Plan de Acción REPowerEU. ¿El objetivo? Reducir la dependencia de los hidrocarburos del país del Este a través de la eficiencia energética y la puesta en marcha —con la mayor celeridad posible— de fuentes renovables. El plazo máximo que tienen los Estados miembros para solicitar el préstamo es agosto de 2023. Y si la Comisión aprueba esos planes se podrán empezar a adoptar acuerdos de financiación o de créditos, sobre esa nueva cantidad, a partir de enero de 2023.
“El concepto fundamental es el de reforzar la autonomía estratégica de España y de la Unión Europea, tanto en el ámbito industrial como en el energético”, recuerda Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Y añade: “En este entorno geopolítico tan complejo se ha acelerado el despliegue del Plan de Recuperación, de las inversiones y de las reformas estructurales y hemos alcanzado la velocidad de crucero”.
España ha sido el primer país en solicitar el segundo pago (12.000 millones de euros) tras haber cumplido los hitos y objetivos establecidos. Sobre todo, en el ámbito de las reformas estructurales. Lo cual no quiere decir que todas las piezas encajen a la perfección. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avisado de que algunas licitaciones se están quedando desiertas. En torno al 10% de los concursos de los contratos públicos, con cargo a los Fondos Europeos, no hallan candidatos. La incertidumbre en el futuro de los costes de acudir a ellos pasa su particular factura y las empresas dudan de la viabilidad económica de acometerlos. “Está fenomenal lanzar convocatorias, pero hace falta, en todo caso, incentivar esa velocidad, sobre todo reducir los trámites administrativos de las adjudicaciones. Es decir, que el conocimiento que tenga la compañía de que se beneficiará de los Fondos resulte lo más ágil posible”, recomienda Luis Socías, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la CEOE.
Pese a esos “desajustes”, estos Fondos conducen hacia una transformación del país. La estrategia, por parte de la Administración, resulta nítida: reforzar las interconexiones gasísticas y eléctricas que nos conectan a la Unión Europea para aprovechar al máximo el potencial que tiene España pensando en comercializar energía a nuestros socios comunitarios. “Por eso, las inversiones procedentes del programa REPowerEU lo que conseguirán es acelerar la generación de energías limpias, hidrógeno y otras tecnologías”, prevé Gonzalo García Andrés. “Sin olvidar, desde luego, la importancia que tiene la eficiencia energética y que, en este entorno actual, todos gastemos y consumamos mejor”.
Los PERTEs más avanzados son el PERTE VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado) y el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento. Los dos fueron aprobados en la segunda mitad de 2021. La parte industrial de la convocatoria del PERTE VEC ya está cerrada, pero otras (MOVES II, MOVES III y Singulares) están funcionando como palancas tractores. Pues junto a las Comunidades Autónomas trabajan en los espacios de I+D, la renovación de flotas o la instalación de puntos de recarga.
Sobre este horizonte, el futuro de los próximos seis meses llega repleto de actividad. “Esperamos que haya mucho movimiento alrededor de todas las convocatorias de los PERTEs”, vaticina María José Menduiña. “El PERTE agroalimentario ha vivido varias modificaciones de contenido y cuantía desde su aprobación, pero todavía estamos aguardando a sus órdenes de bases regulatorias”, detalla. También habrá que estar atentos, como hemos visto, al PERTE de la Economía de la Lengua aprobado a comienzos de marzo. Sin olvidar, los PERTEs de la Economía de los Cuidados y la Economía Circular. Y hasta el 28 de julio está abierta la convocatoria (80 millones de euros) del Programa de Transformación Aeronáutica.
Deja un comentario