Desde el comienzo de la crisis económica sufrida en España a partir de 2008, los distintos gobiernos han venido aplicando medidas para controlar el nivel de gasto y alcanzar los objetivos de déficit.
Dentro de nuestro sistema de bienestar, las consecuencias de algunas medidas, son percibidas casi de forma inmediata. Sin embargo, existen otras consecuencias cuyos efectos tardan más en percibirse, por el efecto de largo plazo que conllevan.
En concreto, en el sistema de pensiones, los impactos pueden resultar más significativos si miramos hacia un horizonte de 10-15 años. En este sentido, por ser nuestro sistema de Seguridad Social de prestación definida y debido a la complejidad de las reformas y a los largos periodos transitorios, el impacto de las reformas en el sistema de pensiones de Seguridad Social no se percibe de forma clara hasta que no llega el momento del cobro de la pensión. Las principales consecuencias de las reformas, básicamente debidas a la disminución en el número de cotizantes, a los salarios más bajos, el elevado desempleo y al acceso cada vez más tardío al mercado laboral, se traducen en una mejora en la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Todas estas variables, combinadas con factores demográficos, aspectos clave en un sistema de financiación de reparto como el que tenemos en España, contribuyen a que, inevitablemente, la salida que se vislumbra a medio y largo plazo para evitar consecuencias no queridas por nadie en nuestras pensiones, sea la adopción de incentivos al ahorro privado como pilar cada vez más imprescindible en la previsión social.
El cálculo de nuestras pensiones no es algo sencillo ni intuitivo, y no resulta fácil entender o deducir la pensión a la que a cada uno de nosotros tendríamos derecho como resultado de aplicar la nueva normativa de Seguridad Social.
De forma global, la traducción de lo que las modificaciones que se han ido produciendo en la normativa relativa a pensiones públicas implica, es una tendencia hacia una progresiva reducción de las pensiones futuras.
Durante mucho tiempo hasta la entrada en vigor de las últimas reformas regulatorias, se decía que la jubilación era “un problema” de otros, de todos aquellos a los que la pensión pública les suponía una importante merma en sus ingresos como consecuencia del tope en la pensión máxima (Salarios por encima de la Base Máxima de Cotización a la Seguridad Social – 45.015 Euros anuales en 2017). Esta circunstancia no suponía un problema para la mayoría, lo cual ha contribuido a que la previsión social complementaria (segundo y tercer pilar) no se haya desarrollado hasta la fecha en la misma medida que en otros países de nuestro entorno. Dado que las reformas legislativas tiene como consecuencia la corrección en el importe de las pensiones para todos los niveles salariales lo que antes era un problema de “unos pocos” ahora se convierte un problema “de todos”.
Parece, pues, casi inevitable pronosticar que será el sector privado (empresas e individuos) quien vaya tomando poco a poco mayor protagonismo en materia de pensiones.
Una nueva circunstancia que soporta esta aseveración es que, desde el año 2012 y con carácter general, la jubilación no es obligatoria en España. Es decir, llegado el rango de edad de referencia, 63/67 años, ningún convenio colectivo, ningún pacto de empresa ni normativa similar, puede obligar a un trabajador a acceder a la jubilación. Esta situación que en determinadas situaciones puede resultar positiva, en otras supone un verdadero problema para las empresas que no tengan previsto cómo actuar ante esta situación.
Al final, las reformas legislativas que se han ido produciendo, provocados por diversas circunstancias no buscadas por el legislador y que, previsiblemente, seguirán produciéndose, tienen un impacto no solo en los afectados de forma directa, los ciudadanos, sino en la empresa como uno de los 3 pilares fundamentales en el desarrollo de la previsión social.
Sin querer ser catastrofista, no queda más remedio que ponerse manos a la obra y no esperar a que sea tarde para poner solución a estos problemas. La planificación de la jubilación es un tema de muy largo plazo que todos, empresa y empleados, deberían abordar lo antes posible, sin esperar a tener en el punto de mira nuestra jubilación.
Son cada vez más las empresas preocupadas por esta situación las que están dando sus primeros pasos en la resolución de este potencial problema que, muy probablemente, tendrán que afrontar a medio y largo plazo.
Actuar con antelación, sin duda, redundará en que podamos afrontar con garantías los años de vida que trascurrirán tras nuestra jubilación.
Autor: Álvaro Granado es responsable del área de Pensiones de KPMG Abogados
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