Se prorrogan las barreras para determinadas inversiones

En concreto, de manera indefinida, quedan sujetas a autorización las inversiones extranjeras directas en España:

1. Que tengan por objeto:

• Infraestructuras críticas, físicas o virtuales (Incluidas las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles), así como terrenos y bienes inmuebles que sean claves para el uso de esas infraestructuras.
• Tecnologías críticas y de doble uso, tecnologías clave para el liderazgo y la capacitación industrial y tecnologías desarrolladas al amparo de programas y proyectos de particular interés para España (Incluidas las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, las nanotecnologías, las biotecnologías, los materiales avanzados y los sistemas de fabricación avanzados).
• Suministro de insumos fundamentales, en particular energía, o los referidos a servicios estratégicos de conectividad o a materias primas, así como a la seguridad alimentaria.
• Sectores con acceso a información sensible, en particular a datos personales, o con capacidad de control de dicha información y (v) Medios de comunicación.

2. Siempre que el inversor sea

• Residente de países fuera de la UE y de la EFTA.
• Residente de países de la UE o de la EFTA cuya titularidad real corresponda a residentes de países de fuera de la UE y de la EFTA.

También quedan sujetas a autorización, con carácter indefinido y cualquiera que sea el sector en el que se realicen las inversiones extranjeras directas en España si el inversor extranjero:

• Está controlado directa o indirectamente por un gobierno, organismo público o fuerzas armadas de un país de fuera de la UE y de la EFTA.
• Ha realizado inversiones o participado en actividades en los sectores que afecten a la seguridad, al orden o a la salud públicos en otro Estado de la UE o de la EFTA (especialmente en los sectores a los que se han hecho referencia en el apartado anterior, enumerados en el apartado 2 del artículo 7 bis)
• Está involucrado en actividades delictivas o ilegales, que afecten a la seguridad, orden o salud públicos.

Por otra parte, respecto de inversores de la UE y la EFTA, la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, (“RDL 34/2020”) ordenó también someter, de manera transitoria, a autorización previa, las inversiones extranjeras directas hechas por: residentes de otros países de la UE y de la EFTA o residentes en España cuya titularidad real corresponda a residentes de otros países de la UE y de la EFTA:

• En los sectores antes mencionados
• Siempre que la inversión se realice (i) en empresas cotizadas en España o (ii) en empresas no cotizadas, si el valor de la inversión supera los 500 millones de euros.

El Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania (“RDL 20/2022”) ha extendido el ámbito temporal de aplicación transitoria del régimen de autorización de inversiones extranjeras directas para residentes UE y EFTA hasta el 31 de diciembre de 2024.

Por lo que se refiere al procedimiento de autorización, con carácter ordinario, es necesaria autorización previa del Consejo de Ministros para completar las inversiones extranjeras directas sujetas al régimen de autorización. El plazo máximo para resolver es de seis meses y el silencio tiene carácter desestimatorio. En general, el tiempo efectivo de resolución en la práctica está siendo inferior al plazo máximo legal.

Las solicitudes de autorización de las operaciones de inversión cuyo importe sea de entre 1 y 5 millones de euros se regirán por el procedimiento simplificado y serán resueltas por el titular de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores en un plazo de 30 días. Las inversiones de residentes de fuera de la UE y de la EFTA cuyo importe sea inferior a 1 millón de euros estarán exentas de autorización previa.

Las operaciones de inversión llevadas a cabo sin la preceptiva autorización previa carecerán de validez y efectos jurídicos.

Además, las inversiones realizadas sin solicitar autorización cuando sea preceptiva, o con carácter previo a su concesión o con incumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización serán consideradas una infracción muy grave susceptible de ser sancionada con multa de hasta el importe equivalente al contenido económico de la operación.

La norma ofrece indicaciones acerca de lo que en cada caso se entiende como “inversión extranjera directa”, “control” o “titularidad real”, pero se trata de un análisis que debe realizarse caso por caso.

Actualmente se está a la espera de la aprobación del Real Decreto de inversiones exteriores, cuyo borrador fue sometido a información pública a finales de 2021 y que proporcionará pautas adicionales para el análisis de los criterios subjetivos, objetivos o cualitativas que determinan que la operación deba someterse a autorización previa, así como una mayor definición del procedimiento a seguir en cada caso en atención a sus circunstancias. Se trata en todo caso de una materia con una enorme casuística y cada supuesto debe ser analizado individualmente en atención a sus singulares características.