De la predicción a la realidad: primeros resultados de la aplicación de la IA
La mitad de los puestos de trabajo relacionados con la IA en España se quedaron sin cubrir.
17 diciembre, 2024
7 min
El tejido empresarial español afronta un inicio de curso complejo, marcado por la incertidumbre a nivel macroeconómico y político. Aunque esta sensación de contexto volátil no supone una novedad para las agendas corporativas, las organizaciones deberán contar -una vez más- con una preparación basada en la flexibilidad y la visualización de oportunidades. Entre los factores que dibujan este inicio de curso ‘complicado’ está el entorno macroeconómico. La mirada continúa puesta en la evolución de la inflación y del PIB, no solo en España sino en el conjunto de la Unión Europea, especialmente en Alemania. No en vano, el verano cerraba con la publicación de una importante caída en la facturación empresarial, de un 5,8% en junio, encadenando tres meses de descensos según el INE. Los sectores afectados por un mayor retroceso son el de la energía eléctrica y el agua, seguido del industrial.
Pero no es el único punto al que las compañías prestarán atención. Por un lado, tras las elecciones del 23 de julio, y con la configuración de un nuevo Ejecutivo, es previsible el surgimiento de novedades regulatorias y fiscales ante las que las organizaciones deberán estar preparadas. Y, por otro, inicia el segundo trimestre con su presidencia del Consejo Europeo, lo que supone la coordinación de los 27 Estados miembro y el impulso de importantes medidas hasta final de año. Dos cuestiones que están estrechamente conectadas y ante las que las empresas también tienen un papel relevante y sobre el que deberán hacerse las preguntas adecuadas para sacar nota en sus objetivos de crecimiento y transformación.
Una transformación que, dada la actual coyuntura, no solo puede centrarse en alcanzar objetivos de corto plazo como el aumento de la facturación o la búsqueda de nuevos modelos de negocio. Ha de ir más allá, con un tejido empresarial que ha de sumarse a los objetivos del país y, sobre todo, de la Unión Europea. Y que sitúa la colaboración como elemento esencial para cumplir con una hoja de ruta que se comenzó a trazar como respuesta a las consecuencias derivadas del conflicto de Ucrania y que tiene como última meta reforzar el liderazgo global del bloque y reducir las vulnerabilidades.
Entre las implicaciones más claras para las compañías se encuentran la diversificación de las cadenas de suministro, reduciendo la dependencia de terceros países, la búsqueda de una mayor independencia energética, con especial foco en las renovables, el fomento de las inversiones para el desarrollo de tecnologías estratégicas o el impulso al sector de la defensa. Así se desgranan las cuatro grandes prioridades establecidas por España mientras esté al frente del Consejo: reforzar la autonomía estratégica y la reindustrialización, la transición ecológica, la justicia social y fortalecer la unidad europea.
Y que requiere que las compañías se planteen algunas cuestiones:
Reindustrializar la UE y garantizar su autonomía estratégica abierta es la primera de las prioridades marcadas por el ejecutivo español en el marco de su presidencia del Consejo, consecuencia de un nuevo panorama geopolítico y económico que hace imprescindible situar la industria en primer plano. Pero hablar de autonomía no es sinónimo de proteccionismo, sino de resiliencia, diversificación y robustez de la base tecnológica e industrial europea con el objetivo de afianzar su competitividad tanto europea como española a nivel global. En este sentido, Begoña Cristeto, socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG en España subraya que “es crucial acercar los proveedores a las fábricas y resolver otros problemas que se han puesto de manifiesto con la pandemia y el conflicto en Ucrania, como la dependencia de un número reducido de proveedores muy concentrados geográficamente para el suministro de materias primas, fármacos o semiconductores”.
Una nueva deriva que ya se ha colado en las estrategias y previsiones de las compañías españolas. Pues, aunque la internacionalización de su actividad sigue formando parte de su plan estratégico, ya están tomando medidas para replantear sus sistemas de proveedores. Así lo demuestra el informe ‘La empresa española ante un nuevo escenario internacional’, elaborado por KPMG, en el que siete de cada diez (71%) empresarios encuestados consideran que su actividad internacional no disminuirá en los próximos años y el 42% cree que el negocio exterior aumentará. Pero en el que también el 92% de las empresas está revisando sus cadenas de suministro a través de medidas como diversificar proveedores (59%), aumentar los stocks (41%), incrementar la proximidad de los proveedores (32%) o implementar cambios logísticos (29%), entre otras actuaciones.
Además, acelerar la doble transición de la industria, tanto la tecnológica como la climática continúa siendo prioridad estratégica tanto a nivel nacional como europeo. La UE confía en que su tejido empresarial dirija las transiciones hacia la neutralidad climática y el liderazgo digital, con el objetivo de que llegue a ser acelerador y motor del cambio, la innovación y el crecimiento.
Y es que, “según establece la legislación europea sobre el Clima, los países de la UE deben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55 % de aquí a 2030 y alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, por lo que las compañías deben preguntarse si sus modelos de negocio están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o en qué punto se encuentran de la Agenda 2030 para tomar las decisiones en la dirección adecuada”, apunta Ramón Pueyo, socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno.
En este sentido, si bien estas dos transiciones (la tecnológica y la climática) pueden reforzarse mutuamente en muchas áreas, lo cierto es que no se alinean automáticamente. Algunas tecnologías tienen huellas ambientales sustanciales que pueden ir en contra de los objetivos de la transición verde. Es por ello que “las compañías deben abordar ambos procesos de transformación de manera simultánea, ya que la transformación climática solo podrá conseguirse a través de la digitalización y el uso de tecnología”, señala Ana Peñuela, socia de Technology Enablement de KPMG en España. Una concepción que está en línea también con los objetivos marcados por la UE: la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha destacado que el objetivo de la doble transición (Twin Transition, como se conoce en inglés) es aportar los beneficios de la digitalización en las tres áreas de la sostenibilidad: la económica, la social y la ambiental.
Y es que, para evitar los posibles efectos adversos de algunas tecnologías, como los comportamientos comerciales o de consumo no sostenibles, se debe, entre otras cosas, establecer un marco de gobernanza respetuoso y acorde con esta hoja de ruta. En el caso de la tecnología que, para muchos, supondrá la siguiente revolución tecnológica, la Inteligencia Artificial, ya se están sentando las bases para ello.
Porque los efectos positivos de la inteligencia artificial son innumerables: tanto para el sector privado como para el público: “la IA está mejorando las organizaciones, así como su gestión y procesos internos”, apunta Eva García San Luis, socia responsable de KPMG Lighthouse. Pero también se han detectado efectos negativos, ya que cualquiera de sus ventajas puede afectar a derechos individuales como la intimidad, la protección de datos, la igualdad y la no discriminación, o provocar la destrucción de puestos de trabajo. “Es por ello que la Comisión Europea presentó la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de inteligencia artificial o Artificial Intelligence Act) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión, cuya tramitación está ya muy avanzada”, apunta Noemí Brito, directora en el área Mercantil, responsable del área de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de KPMG Abogados.
Otro de los aspectos que se han puesto de manifiesto, si cabe, con más crudeza en los últimos meses, es el papel de las personas en la transformación digital. Ejemplo de ello, sin ir más lejos, es la expansión de la Inteligencia Artificial, ante la que es crucial impulsar y trazar un plan para dotar a las personas de las habilidades necesarias para hacer uso de ella y para potenciar sus beneficios.
Sin embargo, en este campo aún queda mucho trabajo por hacer, tanto desde la perspectiva corporativa como desde la de las futuras generaciones de profesionales. Por un lado, las organizaciones encuentran dificultades para incorporar el talento que necesitan, un reto que adquiere aún mayor envergadura entre las grandes empresas y las tecnológicas. Así lo afirman el 75% de las empresas encuestadas en el informe ‘Caminos que convergen: jóvenes y empresas ante el reto del talento’, elaborado por KPMG con la colaboración de la Fundación Princesa de Girona. Y, por el lado de los profesionales, el 52% de los jóvenes cree que la preparación de las generaciones que se están incorporando al mercado laboral no se ajusta en suficiente grado a las necesidades del mercado laboral.
Concretamente, los especialistas en Inteligencia Artificial y machine learning (70%), los expertos en ciberseguridad (69%) y científicos y analistas de datos (66%), desarrolladores de software y aplicaciones Cloud (63%) y especialistas en tecnología y transformación digital (60%) serán los perfiles que, según las empresas que han participado en el estudio, presentarán una mayor brecha. Es por ello que, para prevenir esta situación, “va a ser determinante actuar sobre dos aspectos para desarrollar el talento necesario: por un lado, las empresas deben realizar una planificación estratégica de los roles, perfiles y capacidades que necesitan para abordar su transformación digital y sostenible y por otro lado es necesario trasladar dichas necesidades al sistema educativo para que los planes formativos den respuesta a las necesidades cambiantes del contexto empresarial. Se requiere una mayor convergencia entre el mundo empresarial y el educativo para impulsar el crecimiento de la economía, basado en el talento”, señala Cristina Hebrero, socia responsable de People and Change de KPMG en España.
No cabe duda de que reducir el gap de talento es una carrera de fondo en la que empresas, instituciones educativas y administraciones públicas deben actuar de forma coordinada y con un objetivo común para arrojar resultados demostrables. Así lo exigen los propios mercados, la economía y la sociedad en su conjunto.
Esta transparencia con todos los grupos de interés es especialmente relevante en el ámbito de la sostenibilidad. Las organizaciones llevan tiempo trabajando en demostrar con datos y hechos el impacto que su actividad tiene en la sociedad y en el entorno, y su contribución a la lucha contra el cambio climático. Pero este curso requerirá ir más allá. Y es que 2024 será el primer ejercicio en el que las organizaciones deberán reflejar las nuevas exigencias contenidas en la Directiva sobre Información Corporativa en materia de Sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) en sus reportings, aunque la entrada en vigor será progresiva:
Por ello, este curso será el de la preparación y adaptación para responder con nota a las exigencias de esta directiva. Como explica Bernardo Ruecker, socio de Auditoría y responsable de Accounting Advisory Services de KPMG en España, “la nueva directiva implica que las divulgaciones de la información se extiendan a toda la cadena de valor de las organizaciones, por lo que estas deberán informar sobre detalles específicos en torno a su modelo de negocio, las políticas y la estrategia corporativa en materia de sostenibilidad, así como los objetivos establecidos y el modo de gestión de los principales riesgos y oportunidades ESG”.
Con vistas en el corto plazo, las compañías siguen afrontando un contexto de alta complejidad en cuestiones geopolíticas y macroeconómicas que generan incertidumbre y fuerzan el protagonismo de las previsiones, estimaciones y juicios de valor por parte de la dirección financiera.
De cara al cierre del año, Marisa Pérez, socia de Accounting Advisory Services, apunta que el ejercicio volverá a ser especialmente retador. “Las compañías deberán recoger los aspectos y novedades más relevantes de la información corporativa, reflejados en las cuentas anuales y otra información corporativa, con las principales novedades centradas en las exigencias de la regulación de la ESG, así como en la correcta aplicación de la normativa sobre información financiera, destacando la correcta valoración de los activos, la clasificación de la deuda, y la adecuada información sobre las Medidas Alternativas de Rendimiento (APMs en sus siglas en inglés)”, subraya.
Para reforzar la confianza y mitigar la incertidumbre el valor más seguro es impulsar la calidad en el reporting corporativo, que persiga la uniformidad y la mayor transparencia de la información, con desgloses transparentes y consistentes sobre juicios de valor y estimaciones que realicen las empresas en sus estados financieros.
Ante un entorno que sigue siendo incierto y con retos estructurales que afectan tanto a la economía como a la sociedad en general, cabe preguntarse cómo impulsar el crecimiento de la compañía. Aquí la respuesta admite varias posibilidades, aunque siempre atendiendo a los objetivos y especificidades de cada organización y su sector y, por supuesto, a las líneas marcadas por Europa en cuanto a la transformación sostenible y digital del tejido productivo.
En esta línea, los fondos europeos siguen siendo un revulsivo para ello, sin bien la última encuesta del Banco de España sobre la actividad empresarial arrojaba unos datos que están lejos de lo esperado: en el primer trimestre de 2023 solo un 16,5% de las compañías había solicitado ayudas comunitarias, mientras que un 73,5% de esas compañías “ni había realizado ni tenía previsto realizar ninguna solicitud”.
Y es que la participación empresarial en los proyectos vinculados a los fondos europeos ha sido, y sigue siendo, una asignatura pendiente, sobre todo entre las compañías de menor tamaño. La complejidad burocrática que entrañan los proyectos, los plazos ajustados de presentación o las dificultades para identificar y tramitar esas ayudas, especialmente para las empresas pequeñas son algunas de las dificultades que encuentran las compañías.
Una cuestión ante la que “se hace imprescindible ir acompañado de un socio experto que ayude y asesore en todo este proceso: en la identificación de proyectos susceptibles de recibir las ayudas, en la tramitación de la presentación en tiempo y forma y en el asesoramiento a la hora de llevarlo a la práctica. Se trata de una oportunidad que puede revertir demasiados beneficios como para ser desaprovechada”, destaca Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España.
Otra de las vías de crecimiento y diversificación para las compañías son las operaciones corporativas, aunque en los últimos meses han experimentado una ralentización en su actividad. Desde que en julio de 2022 y con el objetivo de enfriar el alza de los precios, el BCE comenzara a incrementar de manera progresiva los tipos de interés en la zona euro, que actualmente se sitúan en el 4,25%. El consecuente encarecimiento de la financiación, unido a la propia inflación y al deterioro de las perspectivas de crecimiento, han afectado al desarrollo de las operaciones corporativas.
De hecho, según los datos recabados por ‘Perspectivas España 2023’ en este campo, si en 2022, un 29% de los encuestados preveía realizar adquisiciones, el porcentaje de aquellos que en esta edición afirman haberlo hecho se reduce al 11%. Esa diferencia también se constata en las desinversiones y las alianzas. De hecho, la financiación y refinanciación de deuda es la única operación en la que las previsiones y registros coinciden. Por otra parte, las previsiones para este ejercicio son más moderadas que las de 2022: un 25% de los directivos que han respondido al sondeo señala que sus organizaciones llevarán a cabo compras o adquisiciones (29% en 2022) y un 29% anticipa que cerrará alianzas (34% en 2022).
Aun así, esta bajada de ritmo en las operaciones no se debe a una crisis permanente sino a una coyuntura transitoria, por lo que Noelle Cajigas, socia responsable de Deal Advisory de KPMG en España, confía en que la actividad vuelva a intensificarse. Entre otras razones, “porque las tres grandes tesis de creación de valor del private equity se mantienen vigentes: la digitalización del modelo de negocio, la mejora de la excelencia operacional y la transformación sostenible. A ellos su une que las cuestiones ESG pueden (y deben) presentar una oportunidad y debemos trabajar en ella porque la estabilización del entorno de tipos facilita la dinámica de valoraciones, y porque las grandes tesis de creación de valor de estos tiempos, la digitalización, la transformación sostenible, el foco en actividades core, entre otras, siguen más vigentes que nunca”, afirma.
Este crecimiento estará marcado por una fiscalidad que, sin duda, estará en el centro del debate político y de las iniciativas regulatorias europeas de los próximos seis meses. Es, de hecho, una de las cuatro prioridades en la agenda de la presidencia europea del Consejo y, por tanto, otro de los aspectos a los que las compañías deberán prestar especial atención.
“Una de las novedades más relevantes en materia de fiscalidad de cara a este próximo año serán las nuevas reglas de tributación mínima del 15% en cada país para los grandes grupos, que deberán aplicar desde 2024 y que limitará a la baja la competición entre los tipos del impuesto de sociedades. También será relevante para 2024, si finalmente se aprueba, la Directiva comunitaria conocida como ATAD 3, que prevé limitar más el uso de sociedades interpuestas, así como la modificación a la limitación a la deducibilidad de los gastos financieros en el Impuesto sobre Sociedades español. Además, otras de las cuestiones relevantes para España y en cuyo debate tendrá un peso especial por su papel como presidente del Consejo serán el debate sobre la suspensión de las reglas fiscales, y la tradicional regla del 3% de déficit y 60% de deuda, ante lo que deberá cerrarse un acuerdo antes del fin del mandato. Todo sin olvidar posibles modificaciones o introducción de nuevos impuestos digitales y el impulso a la fiscalidad verde, con impuestos sobre plásticos, queroseno y el carbono, el de plásticos ya aplicable en España en 2023”, comenta Pelayo Oraa, socio del área de Corporate Tax Services de KPMG Abogados.
En definitiva, muchos son los frentes abiertos para las organizaciones en los próximos meses, decisivos para impulsar una senda de crecimiento y transformación en un contexto con no menos retos tanto a nivel nacional como europeo. Seguir sentando las bases para afianzar una economía más digital, sostenible y equitativa, con un tejido empresarial cada vez más sólido y autosuficiente será la línea que seguir en lo que queda de curso y de año.
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