Petróleo, gas y carbón. Ellos han sido los claros protagonistas de la Cumbre mundial por el clima (COP 28) celebrada este año en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y, por supuesto, del acuerdo alcanzado por los casi 200 países reunidos en esta cita. Y es que, por primera vez, se ha explicitado la necesidad de “dejar atrás” (transition away ha sido la expresión inglesa utilizada) los combustibles fósiles “en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa, acelerando la adopción de medidas en este decenio crítico, a fin de lograr el cero neto para 2050″. Así, tras las dudas y las largas negociaciones, finalmente, la senda marcada por la COP sigue el rumbo establecido por los objetivos de descarbonización de la Unión Europea.
Este texto marca también la línea a seguir en los próximos planes climáticos que los países firmantes del Acuerdo de París deberán presentar en 2025 y cuyo objetivo es establecer las bases y medidas con el fin de conseguir que el calentamiento global sea de 1,5º respecto a los niveles preindustriales, tal y como se recoge en el Acuerdo de París firmado en 2015. Es el llamado nivel de seguridad y, para alcanzarlo, los planes climáticos deberán ser modificados, porque, según lo que establecen los actuales, que contemplan hasta 2030, el calentamiento global se situaría entre los 2,1º y los 2,8º.
Pero, además, el texto pide a los firmantes “triplicar la capacidad mundial de energías renovables” y “duplicar la eficiencia energética para 2030″. A día de hoy prácticamente la mitad de los países ya contaban con planes para duplicar su capacidad renovable, por lo que este punto supone un avance en la senda en la que ya había camino recorrido. Carlos Solé, socio responsable de Energía y Recursos Naturales de KPMG en España aterriza estos objetivos al subrayar que “invitan a avanzar en diferentes planos e intensidades acorde a la madurez de las tecnologías”. Es decir: aquellas más desarrolladas como la solar o la eólica, que ya no necesitan sistemas de apoyo económico, demandan que se establezcan marcos y mecanismos adecuados para su desarrollo e integración en términos técnicos y económicos como tecnologías líderes. Otras, en cambio, menos maduras, como el hidrógeno verde o los combustibles sintéticos requieren que se instrumenten mecanismos de apoyo que sean eficientes y eficaces.
Por otro lado, como señala la Agencia Internacional de Electricidad (AIE), hay que acelerar en la promoción de medidas de eficiencia energética, a la par que fomentar la electrificación de los consumos para contribuir al equilibrio generación-demanda ante los retadores objetivos de penetración de la renovables eléctricas. En consecuencia, “a medida que las empresas consideran sus estrategias de descarbonización y sus ambiciones netas cero, deberían apuntar a reducir su consumo de energía y obtener mayores cantidades de energía verde o baja en carbono y, para ello, deben darse las condiciones necesarias desde el punto de vista del mercado”. El fin último es (y debe ser) alcanzar los objetivos de descarbonización.
Otro de los sectores altamente impactado por los acuerdos cerrados en la semana dedicada al clima de la COP 28 es el industrial, que en España es responsable del 24% del consumo energético final, del 22% del consumo final de combustibles fósiles, y del 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Es por ello que durante la COP28 se anunció el lanzamiento del Club del Clima, encabezado por Alemania, en el que son ya varios gobiernos, incluido el de España, los que están decididos a acelerar el proceso de descarbonización industrial. Y lo harán colaborando entre sí y respaldando al sector privado en la implementación de nuevas tecnologías. “Su objetivo es avanzar más rápido en la reducción de emisiones sin ocasionar distorsiones en el mercado global”, apuntó Begoña Cristeto, socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG en España.
También en el texto del acuerdo se contempla la necesidad de “acelerar la reducción de las emisiones del transporte por carretera”, “con infraestructuras y el despliegue rápido de vehículos de emisión cero y de baja emisión”. Teniendo en cuenta que España es el noveno fabricante mundial de automóviles y el segundo en Europa, las empresas del sector se encuentran ante el reto de mantener este liderazgo impulsando su capacidad para adaptarse a la movilidad eléctrica sin perder el control en toda la cadena de valor.
Y también ha habido avances en este sentido desde la cumbre por el clima: a los esfuerzos de los últimos años en esta senda se suma el manifiesto presentado antes de que diera comienzo la COP28 por la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA) y en el que se reconocía la “situación crítica de la industria de automoción”. Dicho manifiesto proponía a este respecto “una colaboración entre proveedores y fabricantes que permitiera establecer una cadena de valor digital y ecológica. Reclama, asimismo, un marco regulatorio que permita una planificación a largo plazo y que garantice la igualdad de condiciones para los vehículos europeos producidos de manera sostenible, al igual que el aseguramiento de un suministro fiable de materiales críticos”, señaló Begoña Cristeto.
Por otro lado, todos los objetivos establecidos y la hoja de ruta climática dibujada tienen un elemento en común en el que es preciso detenerse: las ciudades. En las zonas urbanas convergen el crecimiento demográfico, la actividad económica y las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo las ciudades las actuales responsables del 70% de las emisiones de estos gases. Es por ello que, en el marco de la COP28, también se ha celebrado la segunda reunión ministerial sobre cambio climático, transporte y urbanismo, que “ha contado con un importante apoyo y con una alta presencia de líderes regionales, bancos de desarrollo, sector público y privado, y organizaciones de la sociedad civil”, tal y como señala Carmen Mulet, socia responsable del área de Regulatorio, Administrativo y Competencia de KPMG en España.
Asimismo, Carmen Mulet destaca que, durante la celebración de esta reunión ministerial, se ha avanzado en el debate sobre la necesidad de una acción climática multinivel y en la importancia de una transición a entornos e infraestructuras con bajas emisiones de carbono y resilientes, así como del fomento de sistemas circulares en la gestión de residuos y de la promoción de la movilidad y el transporte sostenible.
La planificación urbana, entendida de manera amplia, resulta clave ante desafíos climáticos y en la reducción de la huella ambiental de las ciudades. Por ello, “mientras las acciones específicas llevadas a cabo hasta la fecha han sido muchas y muy celebradas, los objetivos de cara al COP30 de 2025 exigen una mayor cooperación entre los gobiernos nacionales y locales”, concluye Carmen Mulet.
Pero todos los objetivos y planes establecido necesitas de un respaldo económico para ver la luz. Así, es fundamental la aceleración del despliegue de la financiación climática y el fortalecimiento de la capacidad financiera y técnica de las regiones. Coincide Pablo Vaño, socio de FS Consulting de KPMG en España al afirmar que “pese a los avances realizados hasta la fecha para avanzar en la descarbonización, energías verdes y conseguir financiación, aun no es suficiente. Estamos lejos de cumplir con el acuerdo de París. Y las entidades financieras deben ser un actor clave en financiar esta transición, especialmente en países emergentes”.
Concretamente, señala Pablo Vaño, se debe optar por soluciones basadas en la naturaleza que pueden a su vez generar grandes oportunidades de negocio. El informe ‘The Investment Case for Nature’, elaborado por KPMG, indica que proteger la naturaleza y la biodiversidad podría generar oportunidades de 10 mil millones de dólares anuales a través de nuevos negocios, eficiencia de recursos y reducción de costes, a lo que se añade que podría crear más de 400 millones de puestos de trabajo en todo el mundo para 2030.
Aunque los acuerdos alcanzados en esta COP28 no son vinculantes desde el punto de vista jurídico, es decir, que no suponen una obligación para ningún país, sí que trasladan un mensaje claro de que la progresiva reducción del uso de combustibles fósiles es el rumbo a seguir para los próximos años. Y es en esta dirección en la que los países deben trabajar, de la mano, para conseguir aproximarse y alcanzar a los objetivos marcados por el Acuerdo de París.
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