Fondos europeos: 6 aprendizajes en el ecuador de su ejecución

Hace cuatro años, Europa respondía de manera contundente a una crisis sin precedentes. Tras una pandemia que paralizó la actividad económica y social y cuyas secuelas siguen latentes, se lanzó en mensaje en forma de ayuda económica: de aquella crisis Europa saldría más unida y fortalecida. Se trataba de los fondos Next Generation EU, que movilizaron un total de 750.000 millones de euros a invertir entre 2021 y 2026, con el objetivo no solo de impulsar la reactivación de la economía, sino también su transformación. Europa emprendía una nueva etapa y era el momento de aprovechar la oportunidad.

Para que esos fondos europeos cumplieran con el doble objetivo con el que fueron ideados y llegaran a financiar los proyectos de las compañías solicitantes, se puso en marcha un sistema de gestión a nivel país basado en la colaboración público-privada. Porque la gestión de los fondos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia implica a los tres niveles de administración del Estado: Gobierno central, comunidades autónomas y entes locales. Cada uno de ellos publica sus convocatorias de forma independiente.

Hoy, en pleno ecuador de la ejecución de estos fondos europeos, España ha recibido ya 38.419 millones de euros del Plan de Recuperación y, a 31 de marzo se habían resuelto convocatorias por 35.191 millones de euros. El pasado mes de diciembre, el Gobierno solicitó el cuarto desembolso, de 10.000 millones, y en el mes de marzo, la Comisión Europea ha concedido a España dos meses más, hasta el 20 de mayo, para evaluar esta solicitud.

Pero ¿qué valoración hacen las empresas sobre la gestión de estos fondos europeos? ¿Los están solicitando? Lanzamos estas preguntas a los más de 1.350 empresarios y directivos que han participado en la última edición de ‘Perspectivas España 2024’, realizado en colaboración con CEOE. Un 26% de ellos afirma que ya ha optado a los fondos del Plan de Recuperación Europeo y un 8% prevé hacerlo próximamente. Sin embargo, la intención baja. El porcentaje de aquellos que prevén optar es siete puntos menor al de la pasada edición (15%), y hay un 67% que no se plantea hacerlo.

“Entre las razones para descartar su solicitud, el 46% de encuestados destaca el hecho de que su sector no esté incluido entre las políticas palanca, si bien observamos cómo este año han surgido la falta de experiencia y de recursos internos como razones adicionales. Además, el 77% señala la carga burocrática al ser preguntados por las dificultades que encuentran al acceder a los fondos europeos”. Así explicó Juanjo Cano, presidente de KPMG en España, las dificultades que encontraban los líderes empresariales a la hora de acceder a estos fondos en el evento ‘Fondos Europeos. Claves y próximos pasos’. Una jornada impulsada por KPMG, de la mano de Atresmedia, y junto a Santander, Iberdrola y OHLA, en la que representantes del gobierno, de las comunidades autónomas, entidades gestoras de los fondos europeos, así como grandes y medianas empresas intercambiaron su visión y experiencia después de tres años de gestión de estos fondos para afrontar la segunda mitad con la lección aprendida.

Precisamente sobre esa carga burocrática se pronunció Olga Abad, directora de Empresas e Instituciones de Santander España: “Las empresas nos trasladan la necesidad de simplificar los trámites y los procedimientos, así como de reducir los tiempos necesarios para conseguir permisos y autorizaciones. Porque proyectos tenemos, pero en numerosas ocasiones el entramado de procedimientos es demasiado complejo. Y, por otro lado, el nivel de conocimiento que tiene una pyme o un autónomo sobre cómo acceder o el funcionamiento de estos fondos europeos es más limitado y no son capaces de saber cuál es la ayuda que pueden solicitar”.

El punto de vista de la pyme lo compartió Juan Meijide Fernández, director general de Iniciativa Social Emprendedora de Reciclaje Textil de Galicia (Insertega, quien aseguró que se trata de ayudas complejas por la tramitación y por el importe. “Y lo cierto es que la pyme está más preocupada por el día a día que por la parte de hacer crecer y transformar el negocio. Y es por ello también por lo que nos perdemos cosas, pero también por lo que necesitamos ayuda. Es decir, colaboradores u otras empresas con experiencia en la tramitación de este tipo de ayudas para hacer crecer y evolucionar nuestro negocio”, añadió.

En este sentido, en el citado informe, casi un tercio de los empresarios que se han presentado a alguna de las convocatorias vinculadas al Programa de Recuperación Europeo o prevén hacerlo (29%) están encontrando dificultades para comprender los requisitos para participar. Este porcentaje se incrementa entre las empresas con un número reducido de trabajadores (entre 1 y 10 empleados) y a las que, por tanto, les resulta más difícil formar equipos específicos para preparar las licitaciones o las solicitudes de ayudas.

Y es que “hay aun cierta distancia entre lo que se comunica y lo que perciben las compañías o los potenciales beneficiarios. Algunos sectores, incluso los que tienen mayor capilaridad o aquellos para quienes están pensadas estas ayudas, creen que no tienen posibilidad de recibirlas, por lo que es imprescindible una comunicación más eficaz. En esta línea, sería conveniente contar con una unidad técnica que, de forma pública resolviera las miles de dudas que tenemos sobre las cuestiones que se plantean día a día”, apuntó Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España.

En relación a esa falta de comunicación y fruto de la complejidad de su tramitación y canalización, así como de los requisitos impuestos por la Unión Europea, una de las grandes quejas que han acompañado a estos fondos europeos desde sus comienzos ha sido la falta de visibilidad en cuanto a su impacto en la economía real.

Ángel Rivera, consejero delegado de Santander España, así lo señalaba: “Hasta ahora, hemos recibido más quejas que comentarios positivos en cuanto a lo que están aportando a nuestra economía, por lo que debemos intensificar la labor divulgativa de lo que ya se ha hecho, del efecto en nuestra economía y de lo que queda por hacer”. Y también lo reflejan los datos. Aunque por detrás de la carga burocrática, un 16% de los encuestados en el citado informe sitúa la desconfianza sobre el impacto del programa entre los motivos por los que no se plantean participar (19% en la pasada edición) y un 15%, el desconocimiento de los requisitos, opción que registra el mismo porcentaje de respuesta que en 2023.

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, destacó en su intervención que las cifras de crecimiento de la economía española de los últimos años no pueden entenderse sin el Plan de Recuperación: el crecimiento registrado en 2023 es más de cinco veces superior al de la media de la zona euro, con un ritmo del 2,5%. Y en 2024 se mantiene el pulso de actividad con datos positivos tanto en la afiliación a la Seguridad Social como en el Turismo o en la confianza del consumidor, entre otros indicadores.

Para dar respuesta a esa petición de mayor transparencia en cuanto a la llegada de los fondos europeos a la economía real y a su impacto, anunció la puesta en marcha de ‘Elisa’, una herramienta de seguimiento de implementación de los fondos europeos, que, en sus propias palabras, “es un paso más en esta ambición por aumentar la transparencia y la llegada de los fondos europeos a la economía española, ya que va a ofrecer información detallada sobre la ejecución de las inversiones del plan. En concreto, a través de Elisa se va a poder seguir la evolución de las convocatorias y de las resoluciones (licitaciones y subvenciones) que se realizan en los distintos niveles de la Administración”.

Además, para mayor transparencia y mejor gestión de los datos, Elisa permite categorizar esas inversiones según sectores, tipología de empresas adjudicatarias, tipología de proyectos financiados y tamaño empresas adjudicatarias. Y toda la información que contiene es ya pública para todo el que la quiera consultar. Así, el ministro resaltó cifras como que de los 70.000 millones de euros que la Comisión Europea adjudicó para la primera fase del plan:

• A finales febrero 2024 se han convocado licitaciones y ayudas por más del 88%. Es decir: más de 61.500 millones ya han sido convocados.
• La mitad del total de los fondos asignados ya han sido ejecutados (más de 35.000 millones).

“En definitiva”, concluyó, “estamos a mitad del plan y hemos ejecutado prácticamente la mitad de los fondos europeos, un balance destacable teniendo en cuenta que, de los tres primeros años, el 2021 se dedicó a la puesta en marcha del Plan de Recuperación”.

Precisamente el ritmo de ejecución fue otro de los grandes protagonistas del evento. “En términos de ejecución solo del gasto necesitaríamos llegar a 1.500 millones en la primera parte del plan, es decir, en los 29 meses que nos quedan de ejecución, sin contar con el tiempo de ejecución de los proyectos. Y aproximadamente a 3.000 millones al mes de la adenda para conseguir emplear los 90.000 millones que tenemos que gastar”, señaló Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España.

Según comentó Manuel de la Rocha, secretario de Estado y director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 del Gobierno de España, la mitad de los 70.000 millones de euros de la primera fase del plan han llegado a la economía real. “Costó mucho arrancar, pero hemos cogido buen ritmo. Hay más de 600 mil beneficiarios y en cuanto a convocatorias y resoluciones, hemos alcanzado los 1.500 millones de euros mensuales. Los proyectos están saliendo”, apuntó, recordando la estricta normativa de subvenciones a la que está sujeta España, al igual que al cumplimiento de hitos y objetivos para recibir los desembolsos y la propia legislación de la Comisión Europea”.

En el caso de los PERTEs, que representan un gran salto en la colaboración público-privada, el secretario de Estado explicó el “enorme desafío” que ha supuesto negociar con la Comisión Europea cierta flexibilización de las ayudas de Estado. Es ahí, indicó, “donde se ha producido el mayor cuello de botella” para poder afrontar la transformación productiva en clave y verde digital dado que la Comisión Europea no contemplaba destinar ayudas al sector privado ni a grandes corporaciones. “Vamos todo lo rápido que podemos. Estamos trabajando con las empresas, escuchándolas todo el tiempo, intentando adaptarnos y adaptando las convocatorias. Creo que estamos en muy buena disposición para la segunda parte del plan”, señaló.

El secretario de Estado continuó poniendo foco en la segunda parte del Plan: la adenda: “Se trata de financiación que nos dan y que nosotros trasladamos en financiación en las distintas facilidades con el ICO y el BEI y en paralelo estamos trabajando para ir recibiendo los desembolsos. Ya hemos recibido tres y ahora negociando el cuarto”. Y es que la Adenda, aprobada en octubre de 2023 por la Comisión Europea y el ECOFIN, supone la puesta en marcha de la segunda fase del Plan de Recuperación, que permitirá movilizar más de 10.000 millones de euros en transferencias adicionales (que se destinarán a reforzar los 12 PERTEs que ya están en marcha) y 84.000 millones en préstamos, por lo que, con ello, el Plan de Recuperación podrá movilizar en torno a 160.000 millones de euros en transferencias y préstamos hasta 2026.

Esta segunda parte vuelve a presentar un reto en cuanto a plazos: “En el caso de la infraestructura, contamos con 20.000 millones de la adenda, pero con unos plazos muy ajustados para acometer las inversiones”, subrayó Jesús Montero Mingo, director de Construcción Europa de OHLA.

La ejecución de estos créditos vehicula a través de agencias públicas. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), en este caso, serán quienes tendrán que asegurarse de la calidad de los proyectos adjudicatarios, ya que estos 84.000 millones, aunque en condiciones muy ventajosas, no dejan de ser préstamos y, por lo tanto, deuda para el país. Aproximadamente la mitad, unos 40.000 millones, serán ejecutados por el ICO.

El pasado 27 de febrero, el consejo de ministros aprobó un marco paraguas con los elementos comunes a las cinco facilidades se van a ejecutar desde el ICO en lo que se refiere a capital riesgo. Las cinco facilidades son:  línea ICO verde, con 22.000 millones de euros, empresas y emprendedores, con 8.150 millones, Nextech, con 4.000 millones, Spain audiovisual Hub, con 1.712, y vivienda para alquiler social a precio asequible, con 4.000 millones de euros.

José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, aseguró que esta ejecución se llevará a cabo aprovechando la capilaridad del sector financiero, con quien tiene una larga trayectoria de colaboración y con lo que se agilizarán las cinco facilidades. “las entidades financieras podrán financiar hasta el 100% de los proyectos finalistas que cumplan las condiciones para cada una de las facilidades. Además, siendo conscientes de la mayoría son pymes, hemos desarrollado un esquema acordado con la Comisión Europea basado en declaraciones responsables. Es decir: para proyectos que requieran de una financiación igual o menos a 10 millones de euros ,bastará con las declaraciones responsables para acreditar el cumplimiento del do no significant harm al medio ambiente”, destacó el presidente del ICO.

En términos de interés, el citado informe señala Andalucía, Asturias y Cataluña como las comunidades autónomas que presentan un porcentaje de empresas interesadas en los fondos europeos superior a la media nacional. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, señaló en este sentido que, 26.000 millones de los 37.000 millones que han sido recibidos y asignados a las CC.AA para su gestión directa, Andalucía, Cataluña o Madrid reúnen el 40% de esa cantidad. Les siguen otras como Castilla-La Mancha o Aragón.

Precisamente el vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, hizo énfasis en la falta de mayor flexibilidad por parte de los ministerios y de las conferencias sectoriales a la hora de adaptar las ayudas a las características y necesidades de cada región. “Los programas vienen excesivamente definidos y no nos permiten adaptarlos a las peculiaridades de cada una de las comunidades”, comentó. Y coincidió con él Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España, quien subrayó que la colaboración interadministrativa es fundamental, por lo que debe plasmarse en una previsibilidad y planificación de las actuaciones a realizar, y cierta apertura y flexibilidad en los acuerdos de conferencia sectorial que permitan a las comunidades autónomas algún tipo de adaptación.

Así, en paralelo a los 40.000 millones que gestionará el ICO, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) será el encargado de gestionar otros 20.000 millones con el fondo de resiliencia autonómica, “donde la voz de las Comunidades Autónomas tendrá mayor peso a la hora de decidir los proyectos que se ejecutan, así como la implementación de los fondos europeos, en respuesta a la demanda de los últimos años en este sentido”, aseguró el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Así lo espera también José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente Primero de la Junta de Castilla-La Mancha: “Aunque no sabemos aún cómo, esperamos tener una mayor participación. Pensábamos que íbamos a poder utilizar nuestros propios institutos financieros y adaptarlos a nuestro propio modelo productivo, pero parece que no va a ser así, sino que va a ser directamente desde el BEI con las entidades financieras. Aun así, hay que empezar a trabajar en esa segunda fase y, sobre todo, garantizar que ejecutamos el 100% de los fondos. Con la experiencia que tenemos en la gestión de fondos europeos  estructurales desde que entramos en la UE, estoy seguro de que seremos capaces de hacerlo.

A las puertas de emprender la segunda fase del Plan, si hacemos balance, entre aquellos encuestados en ‘Perspectivas España 2024’ que ya han optado a la financiación, cerca de la mitad (48%) considera que el principal efecto que esta ha provocado en sus empresas ha sido la puesta en marcha de proyectos innovadores, mientras que un 41% destaca el impulso que ha experimentado la transformación digital. Aquellos que comparten que el desempeño de sus organizaciones en el ámbito de la sostenibilidad ha mejorado representan el 28% de este grupo.

Y, entre las encuestados que comparten que sus empresas aún no han optado a los fondos europeos, pero prevén hacerlo, la expectativa más común vuelve a ser el impulso de la competitividad, seguida muy de cerca por el desarrollo de proyectos innovadores. Uno de cada cuatro encuestados confía en que esta financiación contribuya a que su compañía avance en su transformación digital.

Partiendo de estas reflexiones, todas las miradas están puestas en el año 2026, cuando el plan llegará previsiblemente a su fin. Porque ya están comenzando a surgir interrogantes en cuanto a cómo afrontar los próximos años sin ese impulso económico o cómo se van a medir los resultados de estas ayudas. “Nos encontramos en la parte final proceso, por lo que debemos pensar en la verificación y control de estos fondos europeos, algo que ya aplicamos en los fondos estructurales pero que Europa también nos va a pedir para los Next Gen. En dos o tres años tendremos que empezar a justificar ante Bruselas lo que hemos hecho y evaluar el impacto que ha tenido todo este esfuerzo, advirtió Natán Díaz, socio responsable del Sector Público. Infraestructuras y Transporte para Consulting Corporates de KPMG en España.

También quiso hacer una reflexión de cara al futuro Octavio López Rodríguez, consejero de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, quien compartió cómo se están preparando desde esta comunidad. “Viendo que en junio de 2026 se van a terminar algunas asignaciones en materias tan importantes como la de la vivienda, hemos aprobado un plan con aportación económica propia de la comunidad para reducir el impacto que pueda causar la ausencia de fondos europeos y que esos proyectos puedan continuar”.

Lo que está claro es que en un contexto como en el actual, “debemos empezar a darle valor a la independencia y la autonomía energética. En Europa pocas veces más vamos a tener la oportunidad de volver a vivir un volumen de ayudas de 163.000 millones de euros, por lo que debemos aprovechar la oportunidad para transformarnos con estos fondos” insistió Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España. Coincidió con él Ángel Rivera, consejero delegado de Santander España, al añadir que “estos fondos van a tener un impacto en nuestro país de hasta 3 puntos en el PIB. Probablemente no lo veremos en 2024 pero, sí en 2025 y 2026, que, seguramente, serán años más complicados”.

Además, la evaluación intermedia que ha publicado la Comisión Europea es clara en cuanto al impacto positivo del programa Next Generation sobre la inversión. “El informe del propio BEI muestra que alrededor de la mitad del aumento de la inversión pública previsto en Europa entre 2019 y 2025 está vinculado a los fondos Next Generation”, declaró Nadia Calviño, presidenta del Banco europeo de Inversiones (BEI).

En definitiva, una vez superado el 2026, seguirá habiendo necesidades de inversión y de transformación. Esta carrera de fondo no tiene fecha de caducidad y la Unión Europea deberá volver a reinventarse para estar a la altura de las circunstancias, igual que lo ha estado con el despliegue de estos fondos europeos. Y la manera de afrontar esos retos y necesidades volverá a tener la colaboración como pilar fundamental.