La dependencia de las actividades empresariales del capital natural y, la degradación que ello conlleva, dada la limitación de los recursos naturales, plantea la necesidad de compatibilizar la gestión económica con la conservación del medio ambiente, garantizando así la sostenibilidad para las generaciones futuras.
En este sentido, la Unión Europea (UE) desarrolló y aprobó en el año 2023 el Reglamento contra la Deforestación, también llamado EUDR (por sus siglas en inglés), que tiene por objetivo evitar la deforestación, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y controlar la degradación ambiental. Tras la moratoria aprobada a finales del año pasado, será de obligado cumplimiento a partir del 30 de diciembre de 2025.
El Reglamento pone el foco en aquellas empresas que se dedican a la exportación o importación en el mercado de la UE (denominados operadores), así como a la comercialización (para su distribución, consumo o utilización en el mercado de la Unión) de productos que contengan, se hayan alimentado, o se hayan elaborado utilizando alguna de las siete materias primas que representan el mayor porcentaje de la deforestación: palma aceitera (34%), soja (32.8%), madera (8,6%), cacao (7.5%), café (7%), ganado bovino (5%) y caucho (3,4%).
Todo ello implica que, las empresas deberán establecer un Sistema de Diligencia Debida y reportar una Declaración de Diligencia Debida por cada producto pertinente e informar anualmente al público sobre los sistemas de diligencia debida implantados y las medidas establecidas para cumplir con este Reglamento.
En este sentido, resulta necesario en este proceso establecer una hoja de ruta de mutuo beneficio con la cadena de suministro, que inicia con el mapeo de la cadena, siguiendo con la trazabilidad de los datos desde el origen de la producción hasta las plantas, la evaluación de los riesgos respecto de la información de procedencia de las materias primas y la implementación de acciones de mitigación de estos riesgos.
Estos son algunos de los retos a los que se enfrentan las compañías:
El objetivo del proceso de diligencia debida consiste en demostrar que los productos cumplen los requisitos de legalidad y de libre de deforestación establecidos en el Reglamento. Por ello, debe realizarse antes de introducir o exportar productos pertinentes en el mercado. Estas son sus principales implicaciones:
Se trata de reunir información, documentos y datos que demuestren que los productos pertinentes son conformes. Esta trazabilidad debe realizarse con mucho detalle:
La información anterior se conservará durante 5 años desde la fecha de importación o exportación de los productos pertinentes, junto con las pruebas.
Los operadores verificarán y analizarán la información recopilada de conformidad con los requisitos de información y sobre la base de dicha información y documentación, realizarán una evaluación del riesgo para terminar si existe un riesgo despreciable o no existe ningún riesgo de que los productos pertinentes no sean conformes. En este último caso, los operadores sí que podrán explotarlos o importados desde el mercado de la Unión.
Salvo que la evaluación de riesgo revele que no existe ningún riesgo o que existe solo un riesgo despreciable de que los productos pertinentes no sean conformes, el operador adoptará procedimientos y medidas para que este riesgo sea nulo, que incluye solicitar datos o documentos adicionales y realizar estudios o auditorías independientes para comprobar las políticas, controles y procedimientos internos, entre otros.
Asimismo, el Reglamento exige que al menos una vez al año se revisen las decisiones sobre los procedimientos y medidas de reducción del riesgo, poniendo a disposición de las autoridades competentes dicha información, previa solicitud.
En definitiva, los requerimientos de debida diligencia aplican también a las cadenas de suministro y será esencial por parte de las compañías disponer de herramientas IT que faciliten la gestión y seguimiento de la trazabilidad a lo largo del proceso. A este respecto, la Unión Europea va a ofrecer ayuda, estableciendo los criterios para realizar el análisis de riesgos y facilitando herramientas para la geolocalización de las zonas de producción (Copernicus, etc…).
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