Las dificultades de acceso al crédito de las pymes han sido objeto de debate constante en toda Europa y también en España.
Hasta cierto punto, ha sido un debate artificial. Si el diagnóstico global sobre las causas de la crisis es que se ha padecido un apalancamiento excesivo, la corrección de ese desequilibrio debía pasar por el desapalancamiento, y no por lo contrario, por lo que el volumen total de crédito debería disminuir.
Además, la crisis ha provocado una considerable reducción de la demanda de crédito solvente entendiendo por tal demanda de crédito por parte de acreditados solventes que presentan proyectos igualmente solventes. Una y mil veces debe recordarse que, especialmente en tiempos de crisis, el primer deber de un banco es proteger a sus depositantes.
La fragmentación financiera también ha tenido incidencia en esta situación puesto que las empresas españolas (al igual que las de otros países europeos) se han visto obligadas a soportar unos costes de financiación muy superiores a los de sus competidores sin que ello respondiera ni a su situación ni a la de la entidad que estaba dispuesta a financiar sus proyectos.
Por último, y aunque a menudo los reguladores sean reacios a escucharlo, los efectos colaterales de la nueva regulación financiera internacional tienen también mucho que ver con las mayores dificultades de acceso al crédito. Sin duda, se trata de un ámbito en el que queda mucho terreno por recorrer, especialmente en Europa.
No obstante todo lo anterior, lo cierto es que (aunque a veces se olvide) el negocio central de los bancos españoles consiste en dar crédito por lo que, en su propio beneficio, los propios bancos han sido y son los mayores interesados en reactivar el flujo del crédito siempre que ello sea posible.
Es fundamental que así sea por cuanto, aunque pudieran desarrollarse alternativas para la financiación empresarial distintas a la financiación bancaria tradicional, no será fácil encontrar una opción distinta para dar crédito a las pymes pues sólo los bancos tienen un conocimiento suficiente de la realidad de esas empresas.
Por ello, en las últimas semanas, y coincidiendo con la presentación de sus cuentas de resultados, los bancos españoles, sin excepción, vienen anunciando diversas iniciativas que tienen un hilo conductor común: la recuperación del crédito.
No se trata de palabras y anuncios huecos. También las estadísticas muestran que, aunque el volumen de crédito no haya dejado de decrecer –como es lógico, por lo expuesto– empiezan a aparecer signos claros de la recuperación del crédito en determinados ámbitos, lógicamente coincidentes con aquellas empresas y sectores con un mayor potencial de crecimiento.
La tendencia, claramente, está cambiando, haciendo buena la regla de que la recuperación del crédito bancario no suele anticipar la recuperación económica pero sí suele acompañarla, como parece estar sucediendo.
En este sentido, constituye una magnífica noticia la aprobación por el Consejo de Ministros de algunas iniciativas legislativas dirigidas frontalmente a la mejora de la financiación empresarial y, en particular, de la financiación a las pymes.
El Anteproyecto de Ley para el Fomento de Financiación Empresarial utiliza virtualmente todas las posibilidades al alcance de un Gobierno para la reactivación del crédito, recurriendo a algunos instrumentos e institu-ciones, como las sociedades de garantía recíproca, de intensa participación pública (empezando por una empresa pública, la Compañía Española de Reafinancimiento) que cuentan con un potencial insuficientemente explotado de apoyo a la financiación de las pymes, a veces por falta de una valoración adecuada de sus singularidades regulatorias por parte de las entidades de crédito.
Algo similar cabe indicar respecto de los establecimientos financieros de crédito, que tradicionalmente han desempeñado un papel fundamental en la financiación de las operaciones de adquisición de bienes de consumo duradero y cuyo régimen jurídico estaba necesitado de una profunda revisión.
Por último, deben saludarse también de forma muy positiva las novedades que se anuncian en materia de titulizaciones y (en otro proyecto normativo distinto) de régimen jurídico de las entidades de capital riesgo.
Este impulso decidido por parte del Gobierno, unido a la clara voluntad del sector financiero de contribuir a la recuperación de la economía española constituye, sin duda, una noticia extraordinaria.
Autor: Francisco Uría, Socio responsable de Sector Financiero de KPMG en España.
Fuente Expansión. Publicado el 1 de marzo de 2014.
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