La industria farmacéutica globalmente arrastra, desde hace ya más de una década, el peso de un proceso de pérdida de confianza por parte del consumidor que, en los últimos años, está comenzando a revertir. Tal y como contaba John Kay en un artículo publicado en Financial Times en 2011, las compañías farmacéuticas pasaron de estar presentes entre las empresas más admiradas en el ranking que elabora cada año la revista Fortune (Johnson and Johnson – empresa estadounidense que, además de productos farmacéuticos, comercializa artículos de cuidado personal entre otros- estuvo en el ranking de las diez empresas más admiradas ininterrumpidamente desde 2006 a 2010) a tener problemas para ganarse la confianza de los consumidores. No obstante, nuevos estudios apuntan a que, en la actualidad, apoyadas en la autorregulación y en los códigos de buenas prácticas, están mejorando en muchos de los aspectos que hace unos años lastraban su imagen.
La teoría de John Kay, escritor y profesor en la London School of Economics, es que las empresas farmacéuticas, en el pasado, “tenían un contrato implícito con la gente y los gobiernos por el que se les permitía una extraordinaria rentabilidad a cambio de que las compañías se comportasen como ciudadanos corporativos ejemplares”. Pero, en la década de los noventa, fue cuando empezaron a surgir ciertas ideas negativas que todavía siguen persiguiendo a la industria. Una de las más extendidas es su interés por centrarse en las llamadas “dolencias del primer mundo”, en vez de en aquellas que amenazan la vida de los más pobres. Aunque existen otras como que, con la crisis, han dejado de lado la inversión en investigación y desarrollo para engrosar sus cuentas de resultados, un hecho que las cifras desmienten. Según datos de Farmaindustria, en el periodo 2009-2012, mientras los ingresos de las empresas por ventas en el mercado público cayeron una media del -7,9% al año, la I+D farmacéutica creció un 1% anual de media. Además, el sector farmacéutico se mantiene como el que más invierte en I+D en España, a gran distancia del resto.
A nivel global, el Edelman Trust Barometer 2014, un estudio internacional que mide la confianza de los consumidores en determinados sectores, no deja a la industria farmacéutica en buena posición: este es el tercer sector que menor confianza inspira (59%), con solo los medios de comunicación (51%) y el sector financiero por detrás (51%) y muy alejado del tecnológico (79%), el primero en la lista. Pero otro informe de este año elaborado por Teva Foro Social en el que se analiza la imagen de los laboratorios por la ciudadanía en España matiza ligeramente estos resultados y refleja una doble visión. En el lado positivo, los consumidores reconocen a la industria farmacéutica su aportación al desarrollo de la ciencia a través de sus inversiones en I+D y a los benéficos que aportan a la salud y a la sociedad. Pero, en el negativo, a la industria se le reprocha su capacidad de influir como lobby, sus elevados beneficios y la orientación de la I+D a conseguir rentabilidad para los accionista.
“Una buena reputación y una favorable percepción social son claves para el atractivo de un sector y su capacidad para crecer”, señala José Ignacio Rodríguez Prado, socio responsable de Life Sciences de KPMG en España. “En el actual entorno de crisis y de cambio en el entorno regulatorio, la industria farmacéutica ha tenido y tiene un claro compromiso de trabajar de forma conjunta buscando acuerdos con los principales participantes comprometidos con ofrecer los mejores servicios y resultados de salud al paciente: profesionales de la salud, organizaciones de pacientes e instituciones y últimos pagadores; todo ello en un entorno de confianza, transparencia y previsible que permita volver a situar a la industria entre los sectores con una mejor percepción social por parte de la opinión pública española. A ello, entre otras acciones ya en marcha, va a contribuir la implantación efectiva de los nuevos códigos impulsados para promover la transparencia del sector”, recalca.
El pasado 1 de enero, Farmaindustria (la asociación que agrupa a la mayoría de los laboratorios farmacéuticos en España) renovó el Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica que ya estaba en vigor, incluyendo los requerimientos de nueva legislación como una directiva del Parlamento Europeo por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano o, el más relevante, el Código de la Federación Europea de las Asociaciones de la Industria Farmacéutica (EFPIA). Los objetivos fundamentales son promover una cultura ética y reforzar la prevención, detección y erradicación de posibles malas prácticas en la industria y las áreas que aborda son fundamentalmente tres: regular la promoción de medicamentos de prescripción para garantizar que la información proporcionada es adecuada y honesta; la interrelación con profesionales sanitarios y con organizaciones sanitarias, estableciendo “pautas de actuación que garanticen que las mismas se llevan a cabo de forma profesional y responsable”, y la interrelación con las organizaciones de pacientes.
En 2003 ya se implantó un código que regulaba la relación de la industria con los médicos, pero se trata de un paso más que afecta a todas aquellas empresas asociadas a Farmaindustria (189 laboratorios) y a todas aquellas que se quieran adherir. “A la necesidad de cumplir los códigos de buenas prácticas de la industria farmacéutica se ha sumado la reforma del código penal en España, que exige a las compañías y sus administradores un esfuerzo especial en cuanto a control”, señala Ramón Pueyo, director del área de Governance, Risk and Compliance de KPMG en España.
Es precisamente transparencia lo que requiere este nuevo código de buenas prácticas en una de las medidas que más polémica está causando en el sector: los laboratorios deben publicar los pagos o transferencias de valor que realicen directa o indirectamente a favor de profesionales sanitarios o destinatarios que ejerzan su actividad fuera de España. Quedan excluidas las actividades de carácter formativo, incluidos los alojamientos y desplazamiento, a este efecto, y los honorarios por prestaciones de servicios. La norma recoge la posibilidad de que la información que, por razones legales, no pueda publicarse de forma individual se ofrezca de manera agregada. Las cifras se comenzarán a publicar en 2016 sobre datos de 2015.
Una encuesta llevada a cabo en marzo por KPMG en un desayuno de trabajo al que acudieron representantes de la industria farmacéutica en España revela que las mayores dificultades que encuentran las compañías a la hora de implementar este código de buenas prácticas estarán en la sensibilización de los profesionales y las organizaciones del ámbito sanitario (59% de las respuestas) y en la sensibilización de la fuerza de ventas y, en general, de la propia compañía (23%). “Este es el momento de que las empresas den un paso más, asegurándose de que sus modelos éticos no solo dan respuesta a los requerimientos legales, sino que responden a las exigencias de la opinión pública. Es importante que estas compañías fortalezcan sus sistemas de cumplimiento para mostrar a la opinión pública que sus prácticas son rigurosas y responsables”, concluye Ramón Pueyo.
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